Las fosas comunes en Afganistán

La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán calcula que en el país existen hasta 88 fosas comunes como la de Faizabad, legado de tantos años de guerra: de 1979 hasta la actualidad. Sin embargo, ni el Gobierno afgano ni la comunidad internacional han hecho nada al respecto, sino todo lo contrario. Desde la caída del régimen de los talibán, han corrido un tupido velo.

Ahora la asociación Physicians for Human Rights (PHR) -galardonada con el Premio Nobel de la Paz en 1997- ha conseguido reunir, por primera vez, en un mismo foro en Kabul a representantes del Gobierno y la sociedad civil afganas para hablar de las fosas comunes, un tema hasta ahora considerado tabú. No era para menos, teniendo en cuenta que algunos de los supuestos responsables de esas fosas ahora ocupan cargos de poder en el Gobierno afgano, al que apoya la comunidad internacional.

«No es el mejor momento para tratar este asunto», explica el director del programa forense de PHR, Stefan Schmitt, que algunos representantes del Gobierno y la comunidad internacional le recriminaron cuando propuso organizar tal seminario. «¿Y es que algún día será el mejor momento?», se pregunta.

Oportuno o no, lo que quedó claro en el encuentro es que la población afgana tiene unas ganas tremendas de hablar de las fosas comunes. Los ponentes casi no daban abasto a contestar tantas preguntas del público. En el seminario se expuso como ejemplo el caso de Guatemala y, escuchando las explicaciones de los expertos, a cualquiera le entraba ganas de aplicar en Afganistán lo que se hizo en el país centroamericano. O sea, iniciar un proceso de búsqueda de la verdad: quién, cómo y cuándo se cometieron los crímenes. Sin embargo, lo que también quedó claro en la conferencia es que Afganistán está a años luz de Guatemala en ese sentido.

«En 2006 se hacían autopsias sin abrir los cuerpos, simplemente a partir de la observación externa, porque se consideraba que abrirlos era anti islámico. Ahora se abren, pero se hace con una tecnología de hace 70 años», empezó describiendo Schmitt lo que parecía una maratón de despropósitos a pesar de los millones de euros invertidos en Afganistán en los últimos años.

La experta en arqueología forense Gillian Fowler continuó el relato, explicando que en las universidades afganas no hay ninguna especialidad en antropología o arqueología forenses. Tampoco existe ningún depósito donde almacenar restos humanos, en caso de que se llevara a cabo la exhumación de una fosa. Ni se disponen de fondos a largo plazo para financiar la identificación de tales restos, que puede llevar años.

Amanda Sozer, también experta de PHR, puso la guinda al destacar que, en la actualidad, es imposible hacer pruebas de ADN en Afganistán. No se cuenta ni con los equipos ni con el personal necesarios. De hecho, el pasado mayo, cuando hubo un accidente de avión cerca de Kabul, las pruebas de ADN se hicieron en Inglaterra.

«Se podría formar a gente en un par de años», dijo Sozer. Es decir, en relativo poco tiempo. Sin embargo, hace falta voluntad política para ello, algo que el Gobierno afgano no tiene, según la presidenta de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán, Sima Samar. Y la comunidad internacional tampoco, al menos por lo visto hasta ahora.

No obstante, PHR ha conseguido entrenar este año a un equipo de 18 personas en la exhumación de fosas. Lo más urgente ahora, sin embargo, es salvaguardarlas. «Hay un policía para 5.600 habitantes», destacó en el seminario el general Mirza Mohamad Yarmand, director general del Departamento de Investigación Criminal, dando a entender que, si casi no tienen efectivos para cuidar de los vivos, cómo se van a encargar de los muertos.