Las fiambreras de plástico son antidemocráticas

«Esperanza Aguirre quiere instaurar un modelo anterior a 1978», interpreta Gómez de la posibilidad de que los niños vayan a clase con una tartera en la mochila. «Ése es el concepto de educación del Partido Popular y nosotros estamos absoluta y totalmente en contra», subraya.

La Consejería de Educación está trabajando en la redacción de una orden, que se publicará en el BOCM antes de que comience el curso, con la que cada colegio podrá decidir si permite que sus alumnos se sienten a la mesa con el tupper de la polémica política. La medida podría afectar a los alrededor de 180.000 chicos de los 791 colegios públicos de la región que se quedan a diario en el comedor de turno.

Sus padres han pagado este año por ese menú 4,62 euros al día, unos 90 euros de media al mes. El ahorro no sería de esa cantidad, ya que de todas formas las familias tendrían que asumir el coste de los alimentos que lleven los niños, pero el Gobierno regional entiende que podría ser una medida «anticrisis».

La objeción del presidente de la Federación de Padres de Alumnos (FAPA) Giner de los Ríos, José Luis Pazos, es que «se da autonomía a los centros, pero no se dan fondos económicos ni normativa específica», informa Efe. «¿Qué pasará cuando haya una saturación de niños con comida traída de casa? ¿Cómo se gestionará? Porque la Comunidad sólo ha garantizado la refrigeración y el correcto calentamiento de la comida de los niños que tengan alergias. Y la de los demás, ¿se quedará toda la mañana en la mochila?».

En la Consejería de Educación responden a todas estas dudas que de momento el proyecto «es un borrador que no está cerrado» y que, en todo caso, los centros serán los que decidan cómo se materializa esta opción; por ejemplo, si adquieren o no neveras para poder conservar adecuadamente los alimentos.

Asimismo, un portavoz del departamento de Lucía Figar señala que la aplicación de esta medida no significará que vayan a desaparecer las ayudas de comedor escolar, que el año pasado fueron de 29,3 millones de euros y beneficiaron a 112.000 familias. Sin embargo, no se ha decidido todavía cuál será el montante de esta partida para el curso 2012-2013.

Este periódico intentó contactar ayer por la tarde, sin éxito, con varias de las asociaciones que representan a las empresas de catering escolar en la región para conocer su opinión sobre este asunto.

La del portavoz del PP en la Asamblea madrileña, Íñigo Henríquez de Luna, pasa por «alabar el esfuerzo que el Ejecutivo regional está realizando en la búsqueda de soluciones y alternativas que permitan a los madrileños superar la crisis».

«Tomás Gómez debería saber que hay algunas familias que, por no poder hacer frente a los gastos de comedor, hasta ahora optaban por llevar a sus hijos a casa a comer, una situación que en muchos casos obstaculizaba la conciliación de su vida familiar y laboral», según el dirigente popular.

Lo dicho: el tupper podría polarizar la política regional del verano.