Condenando al que no es

Sin comerlo ni beberlo, J. M. O. recibió una buena mañana de septiembre -el día 2 en concreto- una sentencia. No una citación para que compareciera ante un juez, ni para que testificara en causa alguna. No: un documento judicial que le sentenciaba, así, sin más ni más, a cumplir 15 días de arresto y a pagar una indemnización de 529 euros. 

J., que estaba en su casa, se puso a hacer memoria: «Me puse a pensar... Y dije: 'Qué raro'». 

En el documento venía especificada la causa de su condena: J., que se gana la vida como albañil, habría participado en una pelea en una discoteca de Móstoles. «En concreto, yo habría seguido a una chica hasta los baños, y allí había entrado también su novio... Entonces, supuestamente, yo les había pegado a los dos». 

Dado que «yo hacía muchos años que no iba por Móstoles, yo en Móstoles no tenía nada que hacer», explica J. -que por cierto vive en Puerta del Ángel, Madrid-, su novia le decía: «Pero, ¿no será que algo pasó que no te acuerdas? ¿No será que te emborrachaste y...?». Y J. respondía: «¡Que no, qué va, si hace que no salgo un montón de tiempo!». 

El papel emplazaba a J. a presentarse en un juzgado de Móstoles el 12 de septiembre, y para allá se fue este albañil en paro de 34 años. La primera en la frente: «Era fiesta en Móstoles ese día, así que me encontré los juzgados cerrados y perdí la mañana. Volví el día 15, con mi DNI, y me dirigí al secretario judicial. Ellos me toman los datos del DNI, mi dirección, etcétera, y ahí es cuando le digo al secretario judicial que no, que no soy yo». 

¿Qué le responde el funcionario a J.? «Pues me decía que no escurriera el bulto, que me habían condenado y tenía que cumplir. Y yo: 'Que no, que no es lo que parece, que no soy yo'...». Al parecer, ese 'no es lo que parece' terminó por inculpar más a J., que se fue del lugar aceptando (convengamos que un poco incomprensiblemente) comenzar sus 15 días de arresto domiciliario el 1 de octubre donde vive su novia, en Seseña.

Como si de un cuento de Kafka se tratara, J. se fue el día acordado a Seseña «y entonces fue cuando apareció una pareja de agentes de la Guardia Civil, que venía a chequear cómo comenzaba a cumplir el arresto domiciliario». «Esto sucedió el día 1 a las cinco de la tarde, cuando yo ya estaba arrestado. Al llegar, los agentes me preguntaron qué había pasado, y yo les dije lo mismo que a los otros: que me habían condenado por algo que ni siquiera me sonaba, que estaba seguro de que había un error...». 

Con el resultado de que los guardias civiles comprueban que, efectivamente, J. no es J. en realidad. O, mejor dicho, sí es J., pero no ese J. En fin: que el juzgado número 3 de Móstoles condenó a alguien con el mismo nombre, pero distinta identidad: ambos se llaman J. M. O., pero el resto de datos son obviamente diferentes. Comenzando por sus DNI, que nadie chequeó. 

J. denunció los hechos más tarde ante el decanato judicial de Plaza de Castilla, que abrió una investigación. Este diario tuvo acceso al documento de la comisión disciplinaria de informaciones previas del Consejo General del Poder Judicial, que admite explícitamente que «se cumplimentó de forma indebida una pena de tres días de localización permanente». 

La confusión, según la juez titular del 3 de Instrucción de Móstoles, María Isabel Araizábal, se halla en un error de la información aportada por la Policía Nacional. En el informe se explica cómo a pesar de que los agentes se afanaron en encontrar a J. M., con DNI empezando en 118, acabaron enviando a galeras a J. M., con carnet que arranca en 501. 

Primero buscaron al J. auténtico en la calle Jalón, y nada. Luego en Echegaray, y nada. Al final, fue la Policía Nacional, asegura la juez, la que facilitó la dirección de Puerta del Ángel, seguramente cruzando datos: y ahí entra el J. falso en escena. 

Como no aparecía nadie por sede judicial, se acabó mandando citación a dos direcciones, e incluso se llegó a dictar sentencia que, en ausencia del acusado, quedó firme el 19 de mayo de 2011. Ya sólo había que encontrar al acusado. 

Ahí, siempre haciendo caso a la juez, la Policía Nacional facilitó de nuevo la dirección de J., «datos facilitados por el propio interesado en llamada telefónica». También alega la magistrada que J. «en ningún momento» dijo que no tuviera nada que ver con los hechos enjuiciados, «o que existiera error de otro tipo». 

Él lo rebate: «Le dije al secretario un montón de veces que no era yo, que no. Ahí ponía que el autor había nacido en 1981 y yo nací en el 78. Sus padres se llamaban Antonio y Josefa, los míos Isabel y Fernando». 

Al final, pese a que los agentes chequearon que efectivamente se había cometido un error, «me dijeron que como el arresto lo tenía que levantar el juzgado y era fin de semana, tenía que esperar al lunes. Tuve que llamar el lunes para que anularan la orden». 

Después de explicar que a él no le han notificado nada «sobre la resolución del caso», J. hace ahora una pequeña cábala sobre la causa de la confusión: «Hace muchos años yo trabajé de portero en algún local de noche de Móstoles, y entonces se tenía que enviar una lista a la Policía con los nombres de los puertas. Seguro que lo tenían de eso, y cruzaron datos. Ahí debió de empezar el problema». 

Lo último que no entiende J. es por qué no tiene derecho a indemnización o resarcimiento alguno después de estar un fin de semana detenido por orden de un juez.