Torrevieja le quita los móviles a sus ediles

El escándalo del caso móviles de Torrevieja y la investigación abierta por la Fiscalía por un supuesto delito de malversación por el uso inadecuado de los términales pagados con fondos públicos parecen haber activado todos los dispositivos de prevención en el equipo de Gobierno. El gabinete que preside el popular Eduardo Dolón acaba de tomar dos decisiones que, según fuentes municipales, tratarían de enmendar errores pasados.

La primera consiste en regular la prestación del servicio de telefonía que, según admitió el concejal de Nuevas Tecnologías José Fernando Riera tras el estallido de la polémica, se viene prestando desde el año 2000 sin ningún tipo de contrato, con un simple acuerdo de encomienda verbal.

La Concejalía de Contratación convocó el pasado 14 de febrero un procedimiento negociado sin publicidad por el que solicitó ofertas a tres operadores: Movistar, Orange y Vodafone, el responsable actual del servicio. La convocatoria parte con un presupuesto de 59.999 euros más IVA. El importe llama la atención por dos motivos: se trata del límite para poder contratar la prestación de manera directa -sin necesidad de convocar un concurso- y, además, es casi seis veces menos del gasto anual reconocido por el ayuntamiento en la actualidad: más de 400.000 euros. Al parecer, sólo Vodafone habría presentado propuesta en plazo, pero portavoces oficiales no pudieron precisar ayer si el contrato ya se había adjudicado.

Y la segunda decisión tiene que ver con los requisitos exigidos en el pliego de condiciones. El más destacado consiste en imponer al nuevo operador la introducción de un sistema que permita conocer a cada usuario la facturación de su terminal y, sobre todo, que separe las llamadas y los consumos derivados de su actividad pública de los de la actividad privada. Las dos condiciones afectan de lleno al caso móviles: el PP siempre ha mantenido que los ediles y asesores ignoraban que estaban realizando un consumo inadecuado al no tener acceso a las facturas de sus teléfonos y, además, trata de poner coto al uso personal de esos móviles. El grupo socialista consideró ayer que el pliego confirma ese uso inadecuado.